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Círculo Odontológico de Paraná. Conflicto gremial

07/04/2023

Aranceles mínimos y obligatorios: luego del accionar conjunto de las entidades provinciales, la normas N° 387 y N° 404 de 2021 impuestas por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER), se encuentran suspendidas hasta tanto la justicia provincial emita un fallo definitivo.

En marzo de 2021 el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER) sancionó a través de su Consejo Directivo la norma 387/21 que establece  para todos los matriculados de la provincia aranceles mínimos y obligatorios tanto para convenios prestacionales suscriptos en forma individual por parte de los colegas, como los firmados por los distintos círculos odontológicos.
El Dr. René Valentini, presidente del Círculo Odontológico Paraná (COP), explica: “Esta norma promulgada por un mecanismo que no está contemplado en la propia ley de creación del Colegio (Ley N° 7468), resultaba de nulidad absoluta por no tener el COER las atribuciones y competencias para determinar aranceles por sí mismo, sino que la ley establece claramente que debe propiciar o proponer los aranceles al Poder Ejecutivo provincial para que sea este quien los adopte o sancione”.

Escenario de amedrentamiento
Esta situación fue advertida por las distintas entidades gremiales de la provincia, que hicieron llegar su preocupación y rechazo a los mecanismos utilizados por entender que violentaban y vulneraban las leyes que rigen el funcionamiento de la propia institución. “Permanentemente se le hizo notar al COER -y así quedó plasmado en cada reunión de las cuales las entidades participaron- que la coincidencia en los objetivos de recuperación arancelaria era absoluta pero que los mecanismos debían ajustarse a derecho, tal cual lo prevé la ley N°7468. En su defecto, si así se estimaba necesario, modificar la ley a través de los mecanismos previstos”, especifica el titular del COP.

“Al carecer de fundamentos legales para avalar la postura asumida por la conducción del COER, su dirigencia recurrió a presiones y amenazas de sanciones contra quien manifestara una postura diferente a la oficializada. También -relata Valentini- comenzó a exigir a las entidades gremiales copias de los contratos suscriptos con las distintas obras sociales y prepagas a los efectos de homologarlos y de no cumplir con los requisitos exigidos, debían ser dados de baja con amenaza de sanción a las autoridades de los círculos”.

Muchos matriculados se manifestaron en desacuerdo y en septiembre de 2021 el Consejo Directivo del COER sancionó la disposición 404/21, la cual establece la obligatoriedad para todos los matriculados de suscribir y hacer llegar a la sede colegiada una declaración jurada donde se comprometen al cumplimiento absoluto de la norma arancelaria. “Desde ese momento el colegio inició una campaña de amedrentamiento a los colegas de la provincia a través de mensajes enviados por Whatsapp y correo electrónico donde se les advertía que en caso de no suscribir esta declaración jurada serían sancionados. Estos mensajes eran enviados sistemáticamente generando prácticamente un acoso constante”, relata el dirigente.

Postura del Círculo Odontológico de Paraná
El Círculo Odontológico de Paraná postula que la norma arancelaria 404/21 incumple con lo que claramente estipula la ley de creación del COER por lo cual resulta ilegal y de nulidad absoluta. Igualmente inválidas son las disposiciones derivadas de esta norma, especialmente la obligación de suscribir la declaración jurada. Esta postura fue compartida por varios círculos odontológicos de la provincia y en múltiples oportunidades, tanto en forma individual como conjunta, se les hizo llegar los dictámenes de los estudios jurídicos a las autoridades del COER, y se les solicitó que se recurra a la Justicia para que defina el problema de fondo y arrojara claridad sobre la situación.

Sin embargo, la única respuesta fueron sanciones de suspensión de la matrícula profesional para el presidente del Círculo Odontológico de Concordia, el presidente del de Concepción del Uruguay, la presidenta y el secretario del de Paraná, y el presidente y la secretaria del de federación. “Cada uno de estos dictámenes fue desestimado por las autoridades colegiadas sin dárseles lectura ni análisis. Posteriormente, el COER inició un largo camino de penalidades que incluyeron multas económicas y elevaciones al Tribunal de Honor de quien se manifestara en el sentido de la ilegalidad de la norma arancelaria, y la posterior obligación para la firma de la declaración jurada que cada matriculado debía enviar al COER. Se impuso el miedo y las amenazas de mayores sanciones para acallar cualquier pronunciación opuesta al parecer de la Mesa Ejecutiva”, asevera el Dr. Valentini.

Sanciones
“Las sanciones siempre recayeron en las autoridades de los círculos odontológicos que se mostraban en desacuerdo pero fundamentalmente sobre los integrantes de nuestra institución -precisa Valentini-. Es así que finalmente decidimos recurrir a la Justicia e interpusimos una acción judicial en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Paraná para que sea justamente en esta instancia donde se dirima la legalidad o no de la norma promulgada por el COER”.

Esta cámara, que se declaró competente en el planteo presentado, ha dictaminado la realización de una audiencia conciliatoria como paso previo al desarrollo del juicio.

Paralelamente, se impulsó una presentación ante el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (entidad que regula la actividad de los colegios profesionales) para solicitar que la norma arancelaria y las posteriores derivadas de ella fueran suspendidas hasta tanto se dictaminase sobre su legalidad o ilegalidad; se solicitó también el cese de las sanciones y las actitudes persecutorias ejercidas por el COER contra los matriculados.

Accionar gubernamental
Luego de solicitar un informe a la Fiscalía de Estado provincial, emitió un dictamen en el cual declara dicha normativa nula e ilegal porque el COER no cuenta con las facultades legales para sancionarla mediante el mecanismo aplicado y determina que las sanciones derivadas de esta situación eran ilegítimas y abusivas. El Gobernador de la Provincia de Entre Ríos dictó el Decreto 322 (MGJ) que suspende la aplicación de la norma arancelaria y las subsiguientes hasta tanto el diferendo se zanje por mecanismos no adversariales y conciliatorios.

“El decreto es de cumplimiento obligatorio para las partes, si bien se mantiene el trámite judicial que es donde se arribará a un fallo definitivo, que estamos convencidos coincidirá con la postura impulsada por el COP”, define el Dr. Valentini.

Situación actual
"A la espera de una audiencia conciliatoria, nuestra institución se mantendrá firme en torno a la nulidad e ilegalidad de lo sancionado por el COER, exigiendo la revocación de todas las sanciones generadas sobre los colegas y el desagravio correspondiente. Luego de la audiencia estimamos que el juicio entablado seguirá su curso establecido y no dudamos de que la Justicia dará la razón a lo planteado por el COP”, plantea Valentini.

Por último, el titular del COP, enfatiza: “La odontología organizada de la provincia de Entre Ríos atraviesa una crisis sin precedentes, no por las críticas condiciones socioeconómicas que condicionan la vida profesional de los colegas, o por determinaciones políticas que dificulten la adquisición de los elementos necesarios para el trabajo diario del odontólogo. Lamentablemente, la de[1]cisión y persistencia por parte del COER en adoptar determinaciones para las cuales no tenía las facultades jurídicas necesarias, utilizando como medio para acallar las voces que así se lo expresaban una campaña de persecución, hostigamiento, amenazas y sanciones destruyó lo que hasta ese momento era una premisa insoslayable para el funcionamiento institucional: priorizar el diálogo como forma de conciliación. Revertir esta situación de[1]mandará un total compromiso para solucionar conflictos en un marco de respeto e intercambio entre todos los colegas”, concluye el presidente del COP.